Veracruz, territorio estratégico y de alto riesgo para trata y reclutamiento infantil
Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México advierte que la ubicación geográfica del estado lo convierte en corredor clave para grupos criminales y aumenta la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.
El estado de Veracruz se ha convertido en un “territorio estratégico y de alto riesgo” para la trata y el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA) debido a su posición geográfica en el oriente del país con costas en el Golfo de México, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). El estudio presentado, con apoyo de la Unión Europea, revela la magnitud de esta problemática que afecta a municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan y Poza Rica.
De acuerdo con el análisis Infancia cuenta en Veracruz, el estado es un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y personas, lo que ha detonado la disputa territorial de al menos 15 grupos criminales. Esta situación coloca a la niñez y adolescencia en una condición de alto riesgo frente a la violencia, el reclutamiento y la explotación.
El documento reporta que entre 2015 y 2025 se registraron oficialmente 22 casos de NNA utilizados por agrupaciones delictivas, además de 32 víctimas menores de 18 años en delitos de trata como explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, halconeo, transporte de drogas y mendicidad forzada. Sin embargo, la Redim subrayó que estas cifras solo representan “la punta del iceberg” ante la falta de registros oficiales específicos.
El informe advierte que los adolescentes suelen ser privados de la libertad y obligados a participar en delitos graves, mientras que las niñas enfrentan un mayor riesgo de explotación sexual. La vulnerabilidad se ve acentuada por la pobreza estructural, la desigualdad, la violencia familiar y la falta de oportunidades educativas.
La investigación señala también que la “narco-cultura” romantiza la criminalidad y fortalece modelos de masculinidades violentas, lo que alimenta estas dinámicas. A ello se suman graves deficiencias institucionales: exceso de burocracia, falta de coordinación interinstitucional y tendencia a criminalizar a las víctimas, lo que limita el acceso a justicia y protección.
Ante este panorama, la Redim y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos llamaron a implementar un protocolo especial para detectar y atender víctimas, crear un programa estatal específico y capacitar a autoridades para evitar la revictimización. Asimismo, urgieron a garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño de políticas públicas que impactan directamente en su vida y seguridad.
