Homicidio de Charlie Kirk reaviva debate sobre libertad de expresión en EE.UU.
Cancelaciones de programas, sanciones y amenazas legales marcan la polémica tras el asesinato del activista conservador.
El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha intensificado el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, luego de decisiones controvertidas como la cancelación del programa nocturno de Jimmy Kimmel y la declaración del presidente Donald Trump de designar al movimiento antifascista Antifa como organización terrorista.
La cadena ABC retiró indefinidamente el programa de Kimmel después de que el comediante acusara a los republicanos de intentar sacar rédito político del asesinato, cometido supuestamente por Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años. Trump celebró la cancelación, argumentando que se debió a “malos índices de audiencia”.
Figuras de Hollywood, legisladores y el gobernador de California, Gavin Newsom, denunciaron censura y advirtieron que la medida pone en riesgo la Primera Enmienda de la Constitución. En contraste, la fiscal general nombrada por Trump, Pam Bondi, afirmó que las empresas privadas “deberían deshacerse de personas que digan cosas horribles”.
Compañías como American Airlines y la cadena MSNBC despidieron empleados por comentarios sobre el asesinato, mientras que el Departamento de Estado anunció revocaciones de visados y prohibiciones de entrada para extranjeros que celebraran la muerte del activista.
Paralelamente, Trump designó al movimiento antifascista Antifa como grupo terrorista, a pesar de que se trata de un movimiento descentralizado sin liderazgo formal, lo que genera dudas legales y riesgos para las libertades civiles. Asesores cercanos al mandatario también han calificado al Partido Demócrata como “una organización doméstica extremista”.
Desde su llegada al poder, Trump ha defendido la libertad de expresión mientras relaja la moderación de contenidos en redes sociales, permite insultos al colectivo LGTBI y persigue penalmente a quienes queman la bandera estadounidense, a pesar de que la Suprema Corte lo avala como protesta protegida.
Asimismo, ha limitado el acceso de medios como Associated Press a eventos oficiales y ha amenazado a universidades con recortes de financiamiento federal debido a protestas estudiantiles, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos, periodistas y figuras del ámbito cultural y político por el creciente clima de hostilidad hacia la disidencia y el periodismo crítico.
