EE.UU. paga a más de 15 mil funcionarios para que no regresen a trabajar

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El plan de renuncia diferida busca reducir costos de la Administración Trump, pero ha sido criticado por sindicatos y legisladores demócratas.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene a más de 15 mil funcionarios fuera de sus puestos como parte de un programa de renuncia diferida, diseñado para ahorrar costos tras la orden del presidente Donald Trump de reducir la “burocracia inflada”. La medida implica pagarles su salario mientras esperan el cierre formal de sus contratos, lo que ha generado críticas en el Congreso y entre sindicatos federales.

De acuerdo con una portavoz de la Oficina de Administración de Personal, hasta 154 mil empleados se adhirieron al plan que permite retrasar su salida definitiva hasta el 30 de septiembre o el 31 de diciembre de 2025. Esta cifra representa poco más del 6 % de los 2.3 millones de trabajadores federales, pero supone un gasto multimillonario mientras los puestos permanecen vacantes.

La estrategia fue anunciada a inicios de año con la promesa de ofrecer indemnizaciones a los empleados federales que aceptaran renunciar de forma voluntaria. Sin embargo, las asociaciones de trabajadores advirtieron que la medida generaría caos administrativo y afectaría la operación de agencias críticas en seguridad, salud y relaciones exteriores.

En paralelo, el Departamento de Estado confirmó el despido de más de mil 300 empleados en territorio estadounidense y en embajadas en el extranjero el pasado 11 de julio. Trump ha defendido los recortes como parte de su plan para reducir el gasto público y “limpiar” lo que denomina una estructura gubernamental sobredimensionada.

Senadores demócratas denunciaron este jueves que el esquema de renuncia diferida, junto con litigios por despidos, ha costado miles de millones de dólares al erario. Aseguraron que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el empresario Elon Musk, ha despilfarrado 21 mil 700 millones de dólares en un intento fallido por optimizar la Administración.

A pesar de las críticas, la Casa Blanca ha insistido en que el plan permitirá cerrar el año fiscal con un ahorro neto en la nómina federal. No obstante, los opositores sostienen que el costo inmediato y la desorganización institucional superan cualquier beneficio proyectado, por lo que prevén nuevas audiencias en el Congreso sobre la viabilidad de los recortes.

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