Lula rechaza sanciones de Trump contra jueces brasileños
El presidente de Brasil calificó como arbitraria la revocación de visados a magistrados del Supremo, impuesta por Estados Unidos en defensa de Bolsonaro.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con firmeza a las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra ocho de los once integrantes de la Corte Suprema de Brasil. A través de un comunicado oficial emitido este sábado, Lula consideró que la decisión de revocar sus visados representa una “medida arbitraria” e inaceptable que viola los principios de respeto y soberanía entre naciones.
El mandatario expresó su solidaridad con los magistrados afectados, entre ellos Alexandre de Moraes, quien ha encabezado el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado. Lula reafirmó que ninguna intimidación internacional podrá interferir en las instituciones brasileñas ni en su misión de defender el Estado Democrático de Derecho.
Las sanciones fueron anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio, quien señaló a Moraes y sus “aliados” como responsables de una supuesta “caza de brujas” contra el exmandatario. Además del retiro de visas, Trump advirtió que impondrá aranceles del 50 % a productos brasileños si no se detiene el proceso penal contra Bolsonaro y sus excolaboradores.
El conflicto internacional se produce en un momento clave, cuando el Supremo Tribunal Federal avanza en las etapas finales del juicio por golpismo contra Bolsonaro. La Fiscalía General ha presentado sus alegatos finales, y se espera que las sentencias sean dictadas entre septiembre y octubre próximos, una vez que los acusados respondan con sus últimas declaraciones.
Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores enfrentan cargos por delitos como tentativa de abolición del orden democrático, organización criminal armada, y daños graves al patrimonio nacional. La acusación sostiene que tras la derrota electoral en octubre de 2022, los implicados habrían promovido acciones para impedir la investidura de Lula y alentar un levantamiento militar.
Uno de los puntos críticos del proceso fue el asalto a los tres poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes radicales intentaron tomar por la fuerza las sedes del Congreso, el Palacio presidencial y el Supremo Tribunal. Ese ataque marcó el punto culminante de una estrategia que, según la Fiscalía, fue deliberadamente alentada desde círculos cercanos a Bolsonaro.






