Cómo Trump está creando más personas indocumentadas con su política migratoria de mano dura
Más de un millón de personas que entraron legalmente a EE.UU. bajo diferentes programas del Gobierno ahora son consideradas indocumentados por la Administración republicana
Florndjie Camey, una inmigrante de 31 años, dejó atrás su futuro sombrío en Haití y abrazó la esperanza de una nueva vida, tras conseguir un empleo de cajera en Miami, Florida, a donde llegó legalmente con un patrocinador económico.
Fue entonces cuando el presidente, Donald Trump, declaró que ella y más de un millón de personas no tenían permiso legal para permanecer en Estados Unidos.
En sus esfuerzos de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos, Trump calificó de ilegal el programa del Gobierno de Joe Biden que permitió a Camey y a cientos de miles más entrar legalmente al país.
Trump ha prometido expulsar a quienes están en Estados Unidos sin documentos, pero se espera que sus políticas migratorias de mano dura hagan crecer significativamente el número de personas indocumentadas.
“La oleada de políticas de Trump está, intencionadamente, quitando el estatus legal a la gente para que pasen a ser indocumentadas y luego sean blanco fácil de deportación”, dijo Angela Kelley, asesora del American Immigration Law Center y exasesora principal sobre inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la Administración Biden.
“La Administración Trump está creando una clase más grande de personas indocumentadas al literalmente quitarles su estatus legal y la autorización de trabajo de manera anticipada”, señaló en un comunicado Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center.
Al quitarles este estatus a Camey y a otros inmigrantes, Trump ha aumentado drásticamente el número de personas que podrían ser deportadas de manera rápida, al tiempo que avanza su plan de librar al país de un millón de inmigrantes al año.
“¿Qué pasó con su promesa de centrarse en los criminales? Ha creado un mayor número de objetivos y estas personas no son criminales, porque están aquí de manera legal”, aseguró Kelley.
El 30 de mayo, la Corte Suprema permitió a la Administración republicana despojar a más de 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela del permiso o parole humanitario que se les había concedido para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, emitió un comunicado en el que informó que la Administración puso fin al parole humanitaio y a los permosos de trabajo de sus beneficiarios, a quienes urgió a “autodeportarse” inmediatamente.
Grupos de defensa de los inmigrantes rechazan que el programa impulsado por Biden sea ilegal. Guerline Jozef, directora ejecutiva y fundadora de Haitian Bridge Alliance, señaló en un comunicado que cientos de miles de personas de ese programa confiaron en el Gobierno de Estados Unidos y se sometieron a una investigación profunda para asegurar un estatus legal.
