Llaman a FGE a fortalecer mecanismos de denuncia por discriminación y violencia contra mujeres
En comisiones aprueban puntos de acuerdo para exhortar a la fiscalía general del estado a que fortalezca estos mecanismos de denuncia.
En reunión de trabajo, las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron un Punto de Acuerdo que insta exhortar al Fiscal General del Estado a establecer mecanismo de denuncia específico para casos de discriminación y erradicación de violencia contra mujeres; que se asignen recursos humanos, técnicos y financieros que implica capacitar al ente autónomo sobre aplicación de Convención y leyes de lucha en la materia.
Además, al Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado, aprobar hoja de ruta con recursos, calendario y metas mensurables para que autoridades estatales y municipales apliquen normas para prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia de facto de mujeres, en particular, indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad, y pertenecientes a colectivos de diversidad sexual, entre otras.
La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de esta comisión legislativa y promovente de este exhorto, señala que el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CE-DAW, por sus siglas en inglés) le preocupa profundamente que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido a la intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.
Señala que a dicho Comité le preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados.
El CEDAW ha exhortado a México revisar sus estrategias preventivas para invertir los efectos negativos de la estrategia de seguridad para las mujeres y las niñas y así dar cumplimiento a sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres.
